Como casi todos sabréis desde el pasadao 1 de Junio es
obligatorio el Certificado de Eficiencia Energética para las viviendas
que se vendan o se alquilen (construidas antes del 2007), la emisión de
este certificado puede ser realizada tanto por
arquitectos como otros técnicos competentes y supondrá un nicho laboral importante, o al menos eso es lo
que se espera.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas emitió el martes 19 de noviembre en el BOE las
tarifas aplicables por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio (SEGIPSA) en los trabajos relativas a la certificación y
auditoria energética de bienes inmuebles.
Estás tarifas determinan el importe a pagar por los trabajos que realice SEGIPSA,
considerada como el servicio técnico de la Administración General del
Estado, para la realización de trabajos relativos a la construcción y
reforma de inmuebles patrimoniales o de uso administrativo entre otras
actividades. Son aplicables para todo el territorio nacional y no
incluyen ningún tipo de tasas y visados, tampoco incluye la inscripción
ante el órgano competente de la comunidad.
El
establecimiento de honorarios y tarifas mínimas para el Certificado de
Eficiencia Energética por parte de SEGIPSA contrasta llamativamente con
la proliferación de ofertas, descuentos y precios insostenibles por parte de empresas privadas, en las que se llegan a valores mínimos.
Esto provoca un aumento de la precariedad laboral, llegando a cotas totalmente insostenibles para un profesional autónomo que tiene que acarrear con todos los costes adicionales (desplazamientos, seguros, colegiación…) y a una bajada tanto de la calidad del servicio como del valor social y ecológico que pretendía esta medida en su origen, convirtiéndolo para la sociedad en un impuesto más a pagar.
